
La entidad encontró que en el marco del contrato suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), para la cooperación en el suministro de un complemento alimenticio a la población escolar de este departamento, Acosta Bernal no dispuso el giro de los recursos que debía aportar la gobernación en virtud de este convenio. Para la Procuraduría es claro que en el marco de este convenio el Icbf aportaría una suma superior a los 800 millones de pesos y la Gobernación debía aportar más de 600 millones de pesos, compromiso que incumplió el exmandatario desconociendo así los fines de la contratación estatal y las obligaciones establecidas en el convenio.
La República, 30/06/09, Pág.6
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